Argentina ya cuenta con laboratorios y recursos humanos que están en condiciones de producir medicamentos y los laboratorios públicos tienen un potencial productivo de fácil puesta en marcha o disponibilidad. Esta ley permitirá legitimar el trabajo coordinado de los laboratorios y continuar con el control de calidad a través de las universidades u instituciones pertinentes que harán convenios con el Estado.
Si el Estado asume su capacidad rectora, reguladora y financiadora respecto de las políticas de salud es posible dar respuesta al grave problema que sufren 15 millones de argentinos.
