La iniciativa que lleva la firma de los diputados Eduardo Macaluse, Graciela Iturraspe, Verónia Benas, Claudio Lozano, Maria Virginia Linares y Monica Fein tiene como objeto el fortalecimiento de la red pública de Salud nacional, provincial y municipal mediante transferencias de fondos a esas jurisdicciones.
La inversion consolidada de la Nacion y las Provincias en Atencion Publica de la Salud debe aumentarse en forma constante entre 2011 y 2013 hasta alcanzar como minimo el 3% del PBI en 2013.
Los objetivos del Programa son:
a) Fortalecer el rol indelegable del Estado Nacional como garante del derecho a la Salud, entendido como derecho humano fundamental para el conjunto de los habitantes de nuestro país.
b) Promover la universalidad en la accesibilidad y calidad de las acciones del cuidado de la Salud para el conjunto de los habitantes de nuestro país.
c) Garantizar la gratuidad en el acceso a la red de servicios públicos estatales de nuestro país, incluyendo el acceso a medicamentos, vacunas y productos médicos de acuerdo a los principios de uso apropiado de los mismos, suprimiéndose todo tipo de pago directo por parte de todos los habitantes de nuestro país.
d) Promover políticas destinadas al cuidado integral de la Salud, incluyendo acciones de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación de la Salud, comprendiendo tanto las dimensiones colectivas como las singulares del proceso salud-enfermedad-atención.
e) Consolidar una efectiva articulación de la red público-estatal de servicios de salud de toda la República Argentina desde una perspectiva interdisciplinaria e intersectorial, en el marco de la estrategia de Atención Primaria de la Salud.
f) Desarrollar nuevos dispositivos de cuidado de la salud que contemplen el abordaje de problemáticas complejas, tales como el uso de drogas legales e ilegales, la discapacidad y diferentes situaciones de padecimiento mental, integrándolos a la red general de servicios de salud de la red público-estatal de cuidado de la salud
g) Mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de todas las especialidades, modalidades, ámbitos y niveles del sistema público de Salud, promoviendo para ello, la eliminación progresiva de toda forma de contratación precaria y de tercerizaciones.
h) Fortalecer la formación y actualización permanente de los trabajadores de todas las especialidades, modalidades, ámbitos y niveles de la red público-estatal de servicios de salud de la República Argentina.
i) Incrementar la inversión en infraestructura y en equipamiento de los hospitales, centros de Salud y otros establecimientos que integran la red público estatal de servicios de Salud.
j) Jerarquizar el lugar de los usuarios, de los trabajadores de la Salud y sus organizaciones, en la definición de políticas y estrategias del sector salud, en base a las necesidades, situaciones y prioridades epidemiológicas que involucran a personas o colectivos sociales en nuestro país.
k) Propiciar la creación de una Mesa Paritaria Nacional de debate y definición de consensos, a partir de la convocatoria al conjunto de actores involucrados, centrada en las condiciones laborales de los trabajadores de salud
l) Promover la carrera única sanitaria para todos los trabajadores de salud de nuestro país.
m) Promover la opción para los trabajadores de los servicios públicos estatales de salud de nuestro país de un sistema de dedicación exclusiva con el correlato salarial correspondiente.
Art. 3º.- Financiamiento. El presente aumento de la inversión en Salud será financiado con fondos del Presupuesto Nacional, sin que en ningún caso las provincias que adhieran a la presente ley puedan disminuir su contribución, medida en porcentaje del PBI Nacional, a la realizada durante el año 2008. Dicho año se tomará como base para el cálculo y en el cual el gasto consolidado en Atención Pública de la Salud sumó 2.1898% del PBI distribuido en 1,8525% de las Provincias y Municipios y 0,33373 % de la Nación, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Análisis del Gasto Público y Programas Sociales del Ministerio de Economía.
El incremento del presupuesto para el financiamiento de la Atención Pública de la Salud no modifica la obligatoriedad de los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud y de las Empresas de Medicina Prepaga de pagar las prestaciones realizadas a sus respectivos afiliados y asociados según la normativa vigente.
Art. 4º.- Asignación. La asignación de los fondos derivados del aumento de la inversión en Atención Pública de la Salud dispuesto por la presente ley no podrá ser directa ni indirectamente destinada a contratar servicios tercerizados bajo ninguna forma jurídica.
Art. 5º.- Coeficientes de Distribución. La autoridad de aplicación confeccionará, para la reglamentación de esta ley, un coeficiente de distribución entre las distintas jurisdicciones que abarcará la totalidad de los recursos afectados al presente programa, y que se actualizará anualmente, de acuerdo a los siguientes parámetros:
a) Participación demográfica de cada jurisdicción
b) Participación proporcional de la población por debajo de la línea de pobreza
c) Participación proporcional de la población por debajo de la línea de indigencia
d) Los mayores costos de atención ligados a una menor densidad demográfica o a un mayor costo de vida en cada jurisdicción
e) La inversa de la capacidad contributiva de la población de cada jurisdicción.
f) f). Los servicios de atención pública de la salud brindados en forma de acceso gratuito a los residentes en otras jurisdicciones del país.
Art. 6º.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio de Salud de la Nación, será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art.7º.- Convenios con las Jurisdicciones El Ministerio de Salud de la Nación, en su carácter de autoridad de aplicación de la presente ley, llevará a cabo convenios bilaterales con las jurisdicciones que adhieran a la misma, en los que se consensuarán anualmente las líneas estratégicas, las acciones programáticas y las metas a cumplir por cada jurisdicción. Estos convenios deberán incluir indefectiblemente mecanismos de monitoreo de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos, con referencia a los objetivos establecidos en el artículo 2° y de la asignación por prioridades establecida en el artículo 5º de la presente ley. La planificación y la formulación de acciones se destinarán exclusivamente al fortalecimiento de los hospitales y los centros de salud público-estatales incluyendo:
a) La consolidación de mecanismos de articulación efectiva, bajo el formato de redes locales, regionales y nacionales de complementariedad de los hospitales y centros de salud público- estatales.
b) La incorporación de trabajadores de la salud de distintas disciplinas, y la formalización de las relaciones laborales, según las necesidades de cada jurisdicción.
c) La opción de incorporarse a programas de Atención Pública de la Salud con la modalidad de dedicación exclusiva, para los profesionales con cargos actuales de dedicación parcial y los nuevos que ingresen a hospitales y centros de salud público-estatales.
d) El desarrollo de programas de capacitación de los trabajadores de la salud pública, privilegiando las propuestas de formación y educación continua, interdisciplinarias y en servicio.
e) El desarrollo de infraestructura y la incorporación de tecnología apropiada a la planificación estratégica consensuada.
Art.8º.- Requisitos. A los fines de firmar los convenios referidos en el artículo 7º de la presente ley, las jurisdicciones deberán cumplir ineludiblemente con los siguientes requisitos:
a) Asegurar la absoluta gratuidad en el acceso de toda la población al sistema público de salud de su jurisdicción. No se admitirán jurisdicciones que mantengan el arancelamiento en sus hospitales o centros de salud públicos, aún en los casos en que estuvieran establecidos sistemas de evaluación de capacidad de pago para exceptuar del arancel. El presente requisito no incluye el cobro a terceros pagadores (seguros, prepagas, obras sociales) que podrá seguir realizándose sin que ello implique en ningún caso la exclusión de la asistencia a ningún ciudadano.
b) No disminuir, medido como porcentaje del PBI Nacional, el presupuesto asignado a la atención pública de salud en el año 2008.
c) Asegurar a todos los trabajadores de la salud que se desempeñen en las respectivas jurisdicciones un salario mínimo que, en ningún caso, podrá ser inferior al costo de la canasta básica de bienes y servicios para una familia tipo que utiliza el INDEC para medir la línea de pobreza.
d) Crear un Consejo de seguimiento de la aplicación de la presente ley con amplia participación comunitaria y de trabajadores de la salud.
Art.9º.- Transparencia de Gestión. A los efectos de dotar de una mayor transparencia a la gestión pública, la estructura programática de los presupuestos anuales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá reflejar en forma separada la asignación de los recursos transferidos en virtud de la presente ley, de modo de facilitar su seguimiento, monitoreo y evaluación en los términos que establezca la reglamentación de la presente ley.
Esta información deberá estar disponible públicamente en sus páginas web durante el año de ejecución presupuestaria, para corroborar el cumplimiento de las metas establecidas en la presente ley.
Asimismo, la información referida tanto a las metas anuales, como a las metodologías, los resultados de las evaluaciones de cumplimiento de las mismas y los recursos invertidos en las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será de amplio acceso y difusión pública. A tal fin, en los convenios bilaterales a los que se refieren en los artículos 7º y 8º, se establecerán los mecanismos e instrumentos mediante los cuales esa información será puesta a disposición de la sociedad.
Art.10º.- Adhesión. Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
FUNDAMENTOS
El Proyecto de Ley que hoy presentamos reconoce como antecedente el Proyecto de Ley de "Creación del Programa Nacional de Fortalecimiento Financiero de la Red Publica Estatal de Servicios de Cuidado de la Salud. Objetivos. Financiamiento", presentado en el año 2006 por los Diputados Nacionales Leonardo A. Gorbacz, M. Fabiana Ríos, Susana R. García, Eduardo G. Macaluse, Marta O. Maffei, Marcela V. Rodríguez, M. América González, Juan E. Acuña Kunz, Silvia Ausgsburger, Eduardo A. Di Pollina, Elisa M. Carrio y Carlos A. Tinirello, ingresado como Expediente 5994- D-2006 y representado en el año 2008 por los Diputados Nacionales Leonardo A. Gorbacz, Mónica H. Fein, Verónica C. Benas, Eduardo G. Macaluse, Delia Beatriz Bisutti y Emilio Arturo García Méndez, ingresado como Expediente 0516-D- 2008.
Recogemos la propuesta en este nuevo proyecto por la vigencia de necesidades y con la certeza de que en el articulado están los ejes organizadores para una profunda transformación del sistema de servicios de salud en nuestro país, en términos del derecho al cuidado integral de la salud para todas las personas y del derecho a condiciones dignas de trabajo para los trabajadores de salud.
El derecho a la salud es uno de los derechos humanos fundamentales consagrado constitucionalmente a partir de Declaraciones, Protocolos, Convenciones y Pactos internacionales que nuestro país ha ratificado e incorporado expresamente en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma del año 1994.
En este marco, el Estado Nacional debe ser garante del derecho a la salud para todos los ciudadanos. Para cumplir adecuadamente con ese rol es necesario revertir progresivamente la inequidad, tanto en términos de las determinaciones sociales del proceso salud-enfermedad, como en la accesibilidad al cuidado integral de la salud.
La historia de nuestro país, a partir de la dictadura militar de 1976 y del modelo neoliberal que se consolidara en las décadas siguientes, recorre el camino inverso de la mano de las concepciones de la globalización contemporánea. El modelo político-económico-social y cultural hegemónico se tradujo en una profunda regresión en la distribución del ingreso y en el deterioro de las condiciones de vida y trabajo de nuestro pueblo, al mismo tiempo que el Estado se retiraba de su rol de garante de derechos sociales básicos.
Este proceso tuvo múltiples implicancias tanto en la situación de salud como en el acceso a su debido cuidado, considerando que ambos estaban fuertemente ligados al empleo. Es necesario recordar que mientras los indicadores de desocupación y trabajo en negro no superaban un dígito en las décadas de los '50 y los '60, hoy casi el 50% de la población no tiene acceso a un trabajo digno, ni a los beneficios de cobertura de la seguridad social médica ni previsional.
En este contexto, los indicadores de salud/enfermedad señalan asociaciones significativas entre los riesgos de enfermar y morir prematuramente y las diferentes formas de desafiliación social, a partir de la pobreza o la indigencia, a través de situaciones laborales precarias o inexistentes, en el marco del desamparo subjetivo e institucional.
En el terreno específico de las políticas de salud, y siguiendo los dictados de los Organismos Multilaterales de Crédito, se implementaron en los años '80 y '90 profundas y nefastas reformas, destinadas a mudar de sentido el derecho a la salud, transformándolo en una mercancía a consumir según la capacidad de pago de los individuos.
Esta profunda transformación conceptual, tuvo su correlato en las normativas y procesos implementados en los distintos sub-sectores del sistema de salud de nuestro país. Por un lado, se promovió el ingreso del capital financiero a través del gerenciamiento de la seguridad social, resquebrajando aún más lazos solidarios previamente deteriorados. Por el otro, se llevaron a cabo procesos de descentralización de los servicios público-estatales de salud, mientras se profundizaba el ajuste fiscal a las provincias.
En la última década, el financiamiento internacional continúa siendo una de las claves de las políticas y programas llevadas a cabo por el Ministerio de Salud de la Nación, lo cual conlleva no solamente mayor endeudamiento externo, sino que implica la aceptación de los condicionamientos impuestos por los organismos financiadores, funcionales a una profundización de la mercantilización de la salud.
En el terreno específico de las políticas económicas, cabe recordar que después de la última ley de Coparticipación - año 1998 - las provincias resignaron muchos recursos a favor de la Nación.
Según el Proyecto de Presupuesto para el año 2008, año que se toma como base para este proyecto y las propuestas que se incluyen, el gasto consolidado en Atención Pública de la Salud sumó el 2,19 % del PBI distribuido en 1,85 % de las Provincias y Municipios y 0,34 % de la Nación para dicho año.
En base a los antecedentes y consideraciones planteados, sostenemos en este proyecto que es el Estado Nacional el que debe hacer el mayor esfuerzo financiero para incrementar la inversión en salud destinada a fortalecer la red público-estatal de servicios de salud en todo el país. Ello no modifica la obligatoriedad de los agentes del sistema nacional del seguro de salud y de las empresas de medicina prepaga de pagar las prestaciones realizadas a sus respectivos afiliados/asociados/beneficiarios según la normativa vigente por parte de la red público-estatal de servicios de salud.
De tal modo que proponemos un progresivo aumento del presupuesto nacional destinado a atención de la salud, para llegar en el año 2013 a un Gasto Público Nacional consolidado del orden del 3% del P.B.I. Esto significa, considerando la previsión de crecimiento de nuestra economía para los próximos años, aumentar al doble el gasto público total en atención de la salud por habitante.
El Programa de Fortalecimiento Financiero que proponemos, dispondrá para el cumplimiento de sus objetivos de los siguientes recursos:
a) El 20% del 70% de la recaudación del Impuesto a los Créditos y Débitos que establece la Ley 25.413 y sus modificatorias y el Decreto 380/01 y sus modificatorias. (estimativamente $ 3.800 millones)
b) El 20% de la recaudación de Impuestos de los cigarrillos (aproximadamente $1.220 millones)
c) El 15% de los derechos de importación e importación de todos los productos (aproximadamente $ 6.000 millones de peso para el año 2009 y $ 8.200 millones de pesos estimados para el año 2010)
d) los aportes y transferencias que de acuerdo a cada presupuesto anual establezca la Nación.
Consideramos que avanzar en la construcción de salud como derecho universal garantizado por el Estado requiere intervenciones en ambos sentidos. Por un lado, políticas públicas que transformen la trama de determinaciones sociales del proceso salud/enfermedad. Al mismo tiempo, políticas públicas que fortalezcan el rol del Estado en el cuidado de la salud.
Proponemos que este incremento de la inversión en salud debe asignarse consensuadamente entre la Nación y las jurisdicciones, respetando las autonomías provinciales y jerarquizando los principios de derechos y equidad como integradores a nivel nacional.
Para la asignación porcentual del incremento de la inversión en salud a las provincias, establecemos un sistema de ponderación que tiene en cuenta la participación demográfica de cada jurisdicción, la situación de pobreza y/o indigencia, tanto como determinante de la situación de salud/enfermedad como por las diferentes barreras a la accesibilidad a los servicios de salud que conlleva. Asimismo tiene en cuenta los mayores costos derivados de una menor densidad poblacional o mayor costo de vida relativo de la región, la capacidad contributiva de la población de cada jurisdicción y los servicios de atención pública de la salud brindados en forma de acceso gratuito a los residentes en otras jurisdicciones del país.
Planteamos que el aumento de la inversión en salud estará destinado exclusivamente al fortalecimiento de la red público-estatal de salud, a partir de un incremento progresivo, que revierta eficaz y eficientemente el deterioro institucional de los establecimientos público-estatales de salud. Por ello planteamos taxativamente la prohibición de destinar los fondos que se transfieren a partir de esta Ley a cualquier forma de tercerización de los servicios de salud.
Asimismo, jerarquizamos el rol de los profesionales y de los trabajadores de la salud en general, como protagonistas de la urgente y necesaria transformación institucional. Entendemos que dicha transformación implica una reorientación de la praxis hegemónica, hacia un modelo de cuidado de la salud que reconozca a los usuarios como sujetos de derecho y a los trabajadores condiciones dignas para su desempeño laboral.
El Proyecto de Ley prevé una serie de políticas a encarar a partir de la mejora en el financiamiento de la red público estatal de servicios de cuidado de la salud, incluyendo la inversión en infraestructura, tecnología, capacitación, incorporación de personal y progresiva incorporación de nuevos dispositivos de cuidado de la salud que propicien el abordaje interdisciplinario e intersectorial de problemáticas sociales complejas, en el marco de la estrategia de Atención Primaria de la Salud. También se promueven como opcional, regímenes de dedicación exclusiva para los trabajadores de la salud, con su correspondiente correlato salarial.
A su vez, establece como requisito para las jurisdicciones que adhieran: que no disminuyan su propia inversión en salud, fijen un salario mínimo de los trabajadores del sector en un monto que no podrá ser menor que el costo de la canasta básica de bienes y servicios para una familia tipo y la total gratuidad en el acceso a la red público estatal de servicios de cuidado de la salud. Subsisten en nuestro país centros públicos arancelados, con humillantes mecanismos de evaluación de pago para conseguir una excepción que debiera ser la regla, o sea, el acceso libre y sin restricciones.
Sabemos que el fortalecimiento financiero de los servicios público-estatales de salud no es suficiente para revertir la gravedad y las urgencias que la situación de salud/enfermedad de nuestro pueblo requiere. No es posible revertir la inequidad en salud, sin desarrollar al mismo tiempo políticas públicas que permitan reconstruir una trama social de efectivo acceso al conjunto de los derechos sociales básicos. Desde esta perspectiva, el fortalecimiento del financiamiento de los servicios de salud procura no reproducir y agravar las situaciones de desigualdad existentes en otros ámbitos de la vida institucional y cotidiana de la población. En este marco, los compromisos que se vayan asumiendo en los convenios entre los ámbitos nacionales y provinciales, deberán incluir pautas de transparencia de gestión y de replanteo de los modelos organizacionales a partir de la perspectiva de derechos, revisando conceptos y prácticas, construyendo salud cotidianamente en la articulación de las macropolíticas públicas y la micropolítica de los procesos de trabajo.
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