La masacre de Formosa y el gobierno nacional

Desde el bloque SI por la Unidad popular, repudiamos las muertes de nuestros hermanos originarios de la Comunidad Qom Navogoh de Colonia La Primavera de Formosa. Se trata de un conflicto que lleva más de cuatro meses y que ha sido una y otra vez invisibilizado por los medios y los poderes públicos nacionales. Como lo denunciara la diputada de nuestro bloque parlamentario Verónica Benas en  tres proyectos presentados, se está violando en la provincia la ley Nº 26160, la cual prohíbe hasta 2013, los desalojos de las tierras que “tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”.

Son muertes que además de lamentar nos hacen reflexionar acerca de las prácticas políticas que existen a lo largo de nuestro territorio. No es casualidad, ni un error, ni un exceso de las fuerzas del orden. Formosa tiene 550.000 habitantes, incluidos 45 ó 50.000 aborígenes. Es una de las provincias más pobres del país.
La principal fuente de trabajo proviene del Estado, con más de 80.000 empleados. Otras 50.000 personas dependen de planes sociales. Desde 1983 gobierna el PJ y desde hace 15 años el gobernador Gildo Insfrán. Es el único distrito donde aún hay ley de lemas y reelección indefinida. La nueva ley de ordenamiento territorial permite el desmonte de bosques hasta en un 80% de la superficie provincial.

La impunidad de la que goza el gobernador de Formosa, es parte de un modelo político alentado desde el gobierno nacional. La prueba de ello es que al día siguiente la presidenta inauguró una línea de alta tensión junto a Insfrán y otros gobernadores, lo que significa, agravado por el silencio ante los asesinatos del día anterior en su provincia, un apoyo implícito a su gestión como gobernador adicto.
Este doloroso suceso, nos recuerda además, lo vigente que está el desafío de descolonialización y el peligro de trivializar las tareas pendientes que tenemos como nación en el año del bicentenario.

Las muertes no dejan lugar para los dobles discursos, se trata ahora de reclamar justicia y castigo para los responsables materiales, pero también para los responsables de un sistema político que reproduce el aniquilamiento para imponerse y continuar.